The Public Defender's Office in Jalisco

The fundamental right to defense is offered in Jalisco through the Social Attorney's Office. This institution is in charge of offering legal representation in the civil, labor and family area (social representation), and also in the criminal area (public defender office). Here I focus on the latter. Public defense attorneys are in charge of providing access to criminal justice to those individuals that cannot afford to hire a lawyer; thus, they are the channel to justice for the poor.In this chapter, I discuss the conditions under which the PDO in Jalisco operates. The aim of this chapter is to assess the role of the PDO in providing adequate legal defense to the underprivileged accused of committing a crime, as well as to show the challenges that this institution poses, in its current conditions, for the rule of law in Jalisco. For this work, I reviewed legal and academic documents, and conducted 14 interviews with public defenders of the criminal area in this state

Harmonizing national law with inter-American human rights law: Evidence from Mexico

Conventionality review is a recent Latin American doctrine seeking that states which had ratified the American Convention of Human Rights verify the conformity of their national laws to norms of the Convention. In Mexico, several changes have placed the country in a better position to follow this inter-American doctrine: 1) a 2011 human rights constitutional amendment; and 2) an interpretation handed down by the Mexican Supreme Court after its appraisal of the Rosendo Radilla-Pacheco case. These events allow all judges in the country (federal and local) to disregard national laws if they contravene norms established in the Convention or the Constitution. How then are these changes operating in practice? This article explores the extent to which conventionality review is being used by intermediate level court's judges and defenders in the states of Jalisco, Nuevo Leon, and Oaxaca

Depth of cure of bulk-fill light cured composite resins with different initiators

Poster presented at the 3rd International Congress of CiiEM - Research and Innovation in Human and Health Sciences, Monte da Caparica, Portugal, 20-22 June 2018N/

NDP-rhamnose biosynthesis and rhamnosyltransferases:building diverse glycoconjugates in nature

Rhamnose is an important 6-deoxy sugar present in many natural products, glycoproteins, and structural polysaccharides. Whilst predominantly found as the l-enantiomer, instances of d-rhamnose are also found in nature, particularly in the Pseudomonads bacteria. Interestingly, rhamnose is notably absent from humans and other animals, which poses unique opportunities for drug discovery targeted towards rhamnose utilizing enzymes from pathogenic bacteria. Whilst the biosynthesis of nucleotide-activated rhamnose (NDP-rhamnose) is well studied, the study of rhamnosyltransferases that synthesize rhamnose-containing glycoconjugates is the current focus amongst the scientific community. In this review, we describe where rhamnose has been found in nature, as well as what is known about TDP-β-l-rhamnose, UDP-β-l-rhamnose, and GDP-α-d-rhamnose biosynthesis. We then focus on examples of rhamnosyltransferases that have been characterized using both in vivo and in vitro approaches from plants and bacteria, highlighting enzymes where 3D structures have been obtained. The ongoing study of rhamnose and rhamnosyltransferases, in particular in pathogenic organisms, is important to inform future drug discovery projects and vaccine development.</p

Estado de derecho y legitimidad democrática. Profesionalización y acceso a la justicia en las defensorías públicas locales

La defensoría pública en México es la institución encargada de proveer acceso gratuito a la justicia y una defensa adecuada para aquellos individuos que, frente a un problema legal de tipo penal, no cuentan con los recursos para pagar un abogado que los defienda. Así, la defensoría pública es el canal de acceso a la justicia y la protección de los derechos de los más pobres. La mayoría de defensorías públicas locales en México enfrentan diversos problemas, entre los que destacan: recursos materiales, financieros y humanos insuficientes, pocos incentivos para permanecer como defensor público, capacitación escasa, alto número de casos por defensor y servicios periciales inexistentes. En ese contexto, ¿cómo y en qué condiciones las defensorías locales pueden ofrecer una defensa adecuada? ¿Cómo el desempeño de las defensorías públicas afecta el Estado de derecho y la legitimidad democrática del régimen político? En este capítulo ofrezco una explicación institucional: las reglas del juego bajo las que opera la defensoría

Reforma policial municipal en México. El caso de Tlajomulco de Zúñiga

La reforma de las instituciones policiales durante la administración de Calderón fue un elemento crucial para alcanzar el éxito del eje más importante de su gobierno: la lucha contra narcotráfico. No se podía combatir la delincuencia organizada y la violencia que genera con corporaciones policiales no profesionales, o peor aún, infiltradas por el crimen organizado. La transformación policial proyectada en este sexenio incluyó políticas públicas definidas desde la federación para alcanzar también a las policías municipales. Así, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en 2009, se puso en marcha el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), un proyecto que buscó profesionalizar, equipar y cambiar el modelo tradicional con el que operan las fuerzas de seguridad pública en algunos municipios del país y contribuir de esta manera a mejorar la seguridad y el Estado de derecho en México. De entre las apuestas más importantes del SUBSEMUN estuvieron el establecimiento de un sistema profesional de carrera policial, así como aumentar la colaboración entre sociedad y policía para prevenir, desde una perspectiva integral, la comisión de delitos. Ante este escenario, ¿en qué medida se ha transformado el perfil profesional de las policías municipales y su relación con la sociedad? ¿Cuáles son los retos que enfrenta en materia de reforma policial el municipio? Este trabajo ofrece un panorama respecto a la reforma policial a la luz del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, México

La defensoría pública en Jalisco

El derecho fundamental a la defensa se ofrece en Jalisco a través de la Procuraduría Social. Esta institución se encarga, por un lado, de ofrecer representación legal en asuntos de orden familiar, laboral y civil (representación social), así como de ofrecer una defensa técnica y adecuada a todo aquel ciudadano que, imposibilitado para pagar un abogado de su confianza, le sea imputado un delito del orden penal (defensoría pública). En sí, esta institución es el canal de acceso a la justicia para la población más pobre. En un estado como Jalisco, y de acuerdo con el reporte “Pobreza 2014 en Jalisco” del CONEVAL, estamos hablando que sólo el 27.1% de la población clasificada como “No pobre y no vulnerable” estaría en posibilidades de elegir y pagar su propio abogado, mientras que el 73% restante muy probablemente tendrá que esperar a que se le asigne un defensor por parte del Estado por contar con algún tipo de vulnerabilidad (pobreza moderada, extrema, carencia sociales o de ingresos). ¿Qué retos enfrenta actualmente la defensoría pública en Jalisco para ofrecer una defensa adecuada? A pesar de la relevancia de esta institución, los estudios sobre ella son pocos y centrados en la descripción del marco jurídico. En este capítulo muestro la situación en la que opera la procuraduría social en Jalisco en dos vertientes: condiciones laborales y profesionalización de los de los defensores públicos. Centro el estudio en el área denominada defensoría pública, con el objetivo de valorar su papel al ofrecer una defensa técnica y adecuada a la población más vulnerable acusada de la comisión de un delito, así como mostrar los retos que derivan de las carencias actuales de la defensoría de oficio para el Estado de derecho en la entidad. Este trabajo se basa en la revisión documental de textos legales y trabajos académicos, así como 14 entrevistas con defensores públicos del área penal en Jalisco

Estado de derecho y régimen político

Los proyectos de promoción de la democracia de instituciones internacionales como USAID, el Open Society Institute, la Unión Europea, entre otros, incluyen una parte denominada "Reforma del Estado de derecho" dado que se le considera un pilar fundamental para el mantenimiento la democracia y su calidad en el largo plazo. De hecho, se ha formado un amplio consenso respecto a que el buen funcionamiento del Estado de derecho fortalece las repúblicas democráticas, o bien que “una democracia no puede existir sin un Estado de derecho”. Por otro lado, la clase política, los analistas financieros, los medios de comunicación, las organizaciones civiles de derechos humanos apelan también al mejoramiento del Estado de derecho, sobre todo en regímenes que buscan anclar su democracia. Cada uno de estos grupos asocia el término con diferentes cosas. Los comunicadores lo identifican principalmente con la libertad de expresión, los analistas financieros con los derechos de propiedad, las organizaciones que promueven proyectos de democracia lo entienden principalmente como reforma al sistema de tribunales y con la implementación de un sistema legal de corte acusatorio. Todas estas perspectivas nublan el significado del concepto y, por tanto, se hace difícil su observación y medición. Para hablar de Estado de derecho es conveniente saber qué hay dentro del concepto, cuáles son los atributos o propiedades que lo componen. Este ensayo tiene el objetivo de discutir el concepto de Estado de derecho y su relación con el régimen político

La procuración de justicia: el talón de Aquiles del Estado de derecho en México

En México ser un delincuente no siempre tiene consecuencias penales porque los ministerios públicos son incapaces de garantizar la investigación efectiva de los delitos. En un amplio porcentaje de casos, la institución se ha mostrado incapaz de resolver delitos como el robo a casa-habitación, el secuestro, las desapariciones o el asesinato. En México se vive en la impunidad y es importante señalar responsables. No hacerlo, nos impide identificar el problema y resolverlo. Hay muchos responsables: a) las policías sin profesionalización, cuyo actuar no favorece la investigación efectiva de los delitos; b) los ministerios públicos locales y federal sin formación adecuada para el cargo que ocupan; c) los legisladores y el ejecutivo que no se proponen una reforma en serio al sistema de justicia; d) los partidos políticos que no sancionan con la expulsión a sus miembros por estar vinculados con la delincuencia organizada. En este análisis me centro únicamente en un responsable: los representantes políticos, en particular, los encargados de cambiar las reglas del juego con las que opera el sistema de procuración de justicia: legisladores y ejecutivo. ¿Qué acciones se deben implementar para evitar casos como Ayotzinapa or Tlatlaya? Se debe plantear una reforma a fondo al sistema de procuración justicia si queremos contar con un ministerio público que fortalezca el Estado de derecho.In Mexico, to be a criminal does not always imply to be sanctioned because public prosecutor’s offices are incapable of investigating crimes. Most of the times the institution has shown powerless to develop an investigation and solve crimes such as house robbery, kidnapping, forced disappearances or murdering. Impunity in Mexico is high and it is important to point a responsible. Not to do so, prevent us from identifying and solving the problem. Many are responsible of the current situation: a) unprofessional police officers, whose behavior do not favor an effective investigation of crimes; b) federal and local public prosecutor’s offices without members with an adequate professional profile; c) representatives that do not want to legislate a serious reform to the justice system; and d) political parties that do not ban their members when they have ties with organized crime. In this analysis, I focus on one responsible: political representatives, in particular, those in charge of changing the rules of game of the prosecution services in Mexico: legislators and the Executive. What actions should be implemented to avoid cases such as Ayotzinapa or Tlatlaya? A deep reform to the prosecution services needs to be unfolded if we want to account with a public prosecutors that fosters the rule of law

Instituciones de justicia en transición. Las reformas al ministerio público en perspectiva comparada

El buen funcionamiento de las instituciones de justicia es un elemento clave para mantener en pie un régimen democrático. En gobiernos autoritarios no existe una preocupación por el respeto a las garantías individuales, los derechos humanos, el acceso equitativo a la justicia o el derecho al debido proceso; en democracia, estas cuestiones son fundamentales para garantizar que por ejemplo, los crímenes del pasado sean, dado el caso, procesados en instituciones profesionales e independientes del poder político. Del mismo modo, tales asuntos son cruciales para mantener en pie el Estado de derecho, sin el cual el régimen democrático se reduce a un procedimiento mediante el cual los ciudadanos eligen a sus representantes, además de abrirse la puerta a la corrupción, a la impunidad: a que la ley sea negociada al mejor postor. Una de las instituciones de justicia cruciales para mantener un Estado de derecho saludable es el Ministerio Público, dado que de su actuación depende lo que ocurrirá en la etapa del juicio. En este trabajo se elabora un análisis de la participación de diversos grupos que cabildearon las reformas al sistema de justicia en Brasil y México. Se formula la hipótesis de que a mayor participación y cohesión de estos grupos durante el proceso legislativo de reforma, mayor la posibilidad de que el sistema penal sea reformado, así como mayor la posibilidad de que el Ministerio Púbico emerja como una institución independiente